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DEMENCIA Y EL ESTADO DE INTERDICCIÓN

La demencia o Alzheimer es una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo.


A medida que la población envejece, se espera que el número de afectados aumente significativamente.


Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo que viven con demencia, y que esta cifra se duplicará cada 20 años, alcanzando los 152 millones de personas en 2050.


Esto tiene importantes implicaciones jurídicas, ya que dichas personas pueden perder la capacidad de tomar decisiones y requieren de protección legal.

DEMENCIA Y EL ESTADO DE INTERDICCIÓN | ABOGADOS

En México, el marco legal para la protección de las personas con demencia incluye tanto la legislación nacional como la local.


La Constitución Política reconoce el derecho a la protección de la salud y la dignidad de las personas. Además, la Ley General de Salud establece el derecho a la atención médica para todos los ciudadanos.


A nivel local, los Códigos Civiles establecen reglas para la protección de sus derechos y bienes. Sin embargo, a pesar de estos marcos jurídicos, las personas con demencia todavía enfrentan muchos desafíos.


Uno de ellos es la falta de conciencia y comprensión de la enfermedad por parte de la sociedad en general y de los operadores del derecho en particular.

Esto puede llevar a situaciones en las que las personas con demencia no reciban la protección legal que necesitan.


Ahora bien, la ley prevé el estado de interdicción para la protección de las personas con este padecimiento.

Se trata de un proceso legal en el que una persona es declarada incapaz por un juez para tomar decisiones, y necesita de un tutor para que lo haga en su nombre.


El estado de interdicción se puede aplicar cuando la persona ya no tiene la capacidad mental para tomar decisiones de manera autónoma.

Para que se declare el estado de interdicción, se debe realizar una evaluación médica y legal para determinar si la persona es verdaderamente incapaz de tomar decisiones por su cuenta.


Una vez que se declara el estado de interdicción, se nombra a un tutor para la persona afectada. El tutor es responsable de tomar decisiones en su nombre y debe actuar en su mejor interés. El tutor puede ser un familiar, un amigo cercano o un abogado.


Es importante tener en cuenta que el estado de interdicción es una medida extrema y debe ser considerada como último recurso.

En lugar de declarar el estado de interdicción de inmediato, se pueden tomar medidas menos restrictivas para ayudar a la persona con demencia a tomar decisiones de manera autónoma, como la elaboración de un testamento en vida, poderes notariales y otras figuras legales que permitan una planeación anticipada.


En De Hoyos Avilés, estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o asesoría respecto el contenido de este artículo.


Favor de comunicarse con Ignacio Ochoa Alldredge o Jorge de Hoyos Walther.

De Hoyos Aviles | Abogados


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